En los últimos años, el Gobierno de Chile –sin distinción de la coalición gobernante– ha venido reconociendo y señalando a la comunidad internacional la alta vulnerabilidad que tenemos frente al Cambio Climático. El bajo nivel de nuestras costas; ecosistemas áridos, semiáridos y forestales; susceptibilidad a desastres naturales, a sequías y a la desertificación; zonas urbanas con episodios críticos de calidad del aire; y nuestros ecosistemas montañosos, han sido los argumentos para declarar la vulnerabilidad al Calentamiento Global y consiguiente Cambio Climático de nuestro territorio. Así consta en las comunicaciones del Gobierno de Chile a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

El Cambio Climático es una problemática que va mucho más allá de la esfera ambiental. El modelo de desarrollo promovido desde la Revolución Industrial en la mayor parte del planeta está actualmente en jaque y estamos frente al mayor riesgo que hemos enfrentado como humanidad en su conjunto. Los combustibles fósiles que hicieron posible la industrialización también han llevado a un incremento desmesurado de la concentración de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera; llevándonos a la actual crisis climática, en donde el riesgo de inacción es reconocido por la ciencia, las Naciones Unidas, la banca multi-lateral, la industria de seguros, y ciertamente también la disciplina económica.

El Acuerdo de París de diciembre 2015 –ratificado por Chile en febrero de 2017– plantea el compromiso de la comunidad internacional de evitar el aumento de la temperatura media del planeta en más 2°C, y ojalá en no más de 1.5°C, respecto de la era pre-industrial; umbral a partir del cual la ciencia del clima estima que se originarían impactos devastadores en el planeta. Dicho acuerdo también plantea el compromiso de transitar hacia un escenario global de emisiones de GEI netas cero para la segunda mitad del presente siglo. Lo anterior requiere que los sistemas energéticos globales que han sido erguidos por casi dos siglos en base a la disponibilidad de hidrocarburos, sean drásticamente reconfigurados. Aquello representa un desafío de transformación tecnológica enorme si consideramos que las energías ‘alternativas’ -o renovables- reemplazan por ahora solamente la generación termoeléctrica; pero sucede que en el balance de energía, solo un 20% de nuestro consumo energético global es en forma de electricidad –en Chile es cerca del 22%–, el resto de nuestro consumo energético industrial y de transporte sigue requiriendo de manera fundamental de los combustibles fósiles.

El panorama es incierto, la geo-política global y proteccionismos de las naciones industrializadas ponen en riesgo los objetivos planteados desde la ciencia, y en la actualidad los análisis que consideran los compromisos de reducción de emisiones de GEI propuestos por los Estados en el Acuerdo de París proyectan que el aumento de la temperatura del planeta podría sobrepasar los 2°C.

Si bien nuestra gobernanza reconoce la vulnerabilidad del país frente al Cambio Climático y Chile ha comprometido internacionalmente la reducción de emisiones de GEI, nuestra institucionalidad y jurisprudencia en la materia carece de elementos claros y robustos para incorporar esta dimensión en el accionar y planificación de desarrollo del país.

Una nueva administración presenta una oportunidad para dar nuevos aires a la discusión de un modelo de desarrollo en Chile que sea compatible con el clima. Asimismo, una la ley de cambio climático como la mencionada en el programa de gobierno sería instrumental para ello.

Lo cierto es que los acuerdos internacionales como el de París importan como señales, pero las acciones más relevantes para enfrentar la crisis climática deben venir desde abajo hacia arriba, desarrollándose desde pequeñas comunidades a ciudades, provincias subnacionales, países y regiones. Aquí el sector privado, sociedad civil y otros actores no estatales tienen un rol crucial. Y para ello una ley de cambio climático legislada en el país de manera asertiva, transparente e inclusiva podría establecer las bases para las transformaciones que el desafío climático sentencia. Siempre considerando que cualquier transformación requiere de decisiones que pueden beneficiar a algunos por sobre otros.

Es primordial pensar en forma ambiciosa respecto de qué clase de iniciativas comunitarias y gestión social necesitamos en Chile para enfrentarnos a una situación en donde nuestros patrones de vida acrecientan un fenómeno ante el cual somos altamente vulnerables. Es indispensable revisitar las dinámicas socioeconómicas más básicas de nuestra sociedad para dejar atrás todas aquellas fuerzas que no son una contribución real a una mejor calidad de vida y al bienestar común de toda la sociedad. La crisis climática nos plantea la oportunidad de volver a los principios de cooperación, solidaridad y dignidad de la vida como ejes conductores de las dinámicas, en Chile y el planeta.

Cristian Retamal, Consultor Asociado Gestión Social

Ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialización en ingeniería ambiental y estudios en sociología. MSc de la VU University Amsterdam en Holanda.