En una conversación con un alcalde de la Región de la Araucanía, él me manifiesta que se opone al desarrollo de proyectos de inversión en su comuna, aduciendo a que le generan más problemas que oportunidades. Y hace la analogía a una fiesta. “Imagínate que viene tu vecino a decirte que hará una fiesta en tu casa, que después de ésta no ordenará y que más encima no estás invitado. ¿Qué le dices?”. El edil manifiesta que pasa lo mismo con las inversiones. “Se instalan, desordenan ambiental y socialmente el territorio, y más encima no queda nada para la comuna y sus habitantes. Sólo migajas”.

¿Cómo promover en Chile un mayor impulso de las inversiones? Para responder debemos analizar tanto factores del contexto nacional y regional, como factores claves a la hora de diseñar, construir y operar un proyecto. En cuanto a lo contextual, una de las variables estructurales a la que quiero hacer mención, es la necesidad de avanzar hacia un país más descentralizado, no sólo en lo que se refiere a la toma de decisiones sino también desde una mirada distributiva de ingresos o tributos.

A comienzos de este período de gobierno, el Ministerio de Energía se embarcó en el desafío de crear un Proyecto de Ley de Asociatividad, que debía abordar principalmente aspectos relativos a equidad tarifaria, al pago de patentes comerciales en las comunas donde se instalan los proyectos energéticos y al destino de recursos por parte de las empresas para promover el desarrollo local. Se diseñó así la Ley de Equidad Tarifaria y Reconocimiento a la Generación Local y se promovió que las empresas pagaran sus patentes en los territorios donde operan.  Sin embargo, el aspecto referido al aporte de las empresas generó miradas diametralmente distintas entre los diversos actores y finalmente derivó en un instrumento distinto al diseño original.

El mayor cambio de enfoque se dio porque, en un principio se pensó en generar la obligación, a empresas de generación eléctrica, de entregar un porcentaje de las ventas para el impulso de iniciativas de desarrollo local que serían definidas junto a las comunidades y autoridades locales. Una de las mayores críticas que se recibió es que no hacía sentido que una medida como ésta fuera sólo enfocada en el mercado eléctrico. Es por esto que, entre otros motivos de índole técnica, social y ambiental, el proyecto fue reenfocado a crear una Política de Desarrollo Local Sostenible y Asociativo, que promueva la apropiada identificación de impactos sociales y ambientales; que incentive la incorporación de los actores locales en los encadenamientos productivos de los proyectos; que impulse el diseño participativo de los potenciales aportes que las empresas hagan en los territorios; y que genere la posibilidad que comunidades puedan ser parte de la propiedad de proyectos de energía.

Sin embargo, si bien la publicación de esta política es un gran avance, sigue siendo necesaria la reflexión de cómo generar una mejor distribución de aportes o impuestos a nivel territorial, toda vez que se desarrollen inversiones energéticas, mineras, forestales, o de cualquier otra índole. Mientras el desarrollo económico no sea una buena noticia para las comunas y localidades, no se generarán los incentivos para que los actores y autoridades locales los promuevan. La respuesta entonces a la pregunta antes expuesta es simple: sólo asegurando que los proyectos de inversión garanticen un mayor desarrollo local, en armonía con las comunidades y el medioambiente, será posible que nuestro país avance de manera más decidida hacia el desarrollo de mayores inversiones en los distintos territorios.

Javier Zulueta

Jefe de División de Participación y Diálogo Social

Ministerio de Energía