Este año se cumplen 10 años desde el colapso del edificio Rana Plaza y la muerte de más de mil trabajadores de la industria textil que prestaban servicios a reconocidas marcas de la moda, en Bangladesh. Un evento dramático que expuso las precarias condiciones laborales de quienes fabrican las prendas que se comercializan de manera masiva en los países desarrollados. Un evento que, si bien contribuyó a concientizar sobre la importancia de velar por la trazabilidad de la cadena de valor y los derechos humanos, no fue lo suficientemente movilizador, como para que las empresas adoptaran por sí mismas las buenas prácticas recomendadas en esta materia.
En este contexto, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda que integra los procesos de debida diligencia y gestión ambiental de manera obligatoria en el quehacer empresarial. De esta forma, se espera garantizar que las compañías aborden los impactos negativos que podrían desprenderse de sus acciones.
Así, se obliga a las empresas a adoptar medidas para identificar, prevenir, interrumpir, mitigar o eliminar las externalidades negativas de sus actividades a lo largo de toda su cadena de valor. En países como Alemania, además, deben identificarse los riesgos de abusos a los derechos humanos y riesgos ambientales en las actividades de sus proveedores; en Francia se estipula que las empresas deben elaborar, publicar y aplicar de manera eficaz planes anuales de vigilancia y prevención.
¿Cómo afectan estas medidas a nuestro país? Chile exporta anualmente un total de 11.195 millones de dólares a la Unión Europea, situación que podría cambiar de no adecuarse a esta reglamentación. Esto, porque las obligaciones de debida diligencia se extienden a toda la cadena de valor, por lo que toda empresa proveedora, o parte integrante de esta, debe cumplir con los requisitos señalados.
En este sentido, debemos estar atentos al camino de aplicabilidad de la enmienda, que actualmente sigue el flujo regular del proceso legislativo europeo, con miras a una aprobación final del texto a fines de este año o a principios del 2024.
Mientras tanto, es importante revertir la incomodidad que surge entre nuestras empresas cuando se habla de derechos humanos, dado que obstaculiza el desarrollo de una gestión empresarial moderna y sensibilizada con estas materias. Urge dar cabida a una lectura contemporánea de los derechos humanos, entendiendo que permite agregar valor a la forma en que se ejecutan las labores productivas y financieras del país.
Columna de Elisa Giesen en El Mercurio