En los próximos días, chilenos y extranjeros en Chile viviremos un evento histórico, no sólo por lo que se elige sino también por el simbolismo que hay tras la posibilidad de decidir si iniciar o no un proceso de construcción de una nueva constitución. Qué oportuno que esta decisión sea a través del voto, pues de este modo el proceso en sí se legitima.
No obstante, este camino no ha estado ajeno de tintes complejos, como el cierre de manifestaciones pacíficas con hechos de violencia de alta connotación. Robert Merton, sociólogo norteamericano, alude al concepto de anomia social, como marco interpretativo, para explicar la ocurrencia de estos fenómenos.
Merton comparte que la anomia, refiriendo a la ausencia de normas, se presenta en situaciones donde la estructura cultural se quiebra y las normas comunes dejan de estar en evidencia para todos en la sociedad. Así, el orden posibilitado por la adhesión a valores compartidos se pierde de vista, siendo condición de posibilidad para conductas que, en general, se reprocharían.
En la construcción y sostén de valores comunes, son las instituciones que conforman nuestra sociedad las llamadas a tener un rol protagónico. Y esta reflexión no va en la dirección de tener más instituciones -más Estado, por ejemplo- sino en la calidad y actuación de éstas.
Mirar a las empresas, y mirarse como empresa en tanto instituciones de alta relevancia sobre todo en nuestro país, se presenta como un mínimo a propósito de los procesos que estamos viviendo.
Definitivamente varios, pero uno que permanentemente está en la mira dice relación con su comportamiento en materia de ética, transparencia y probidad. Para esto las estrategias que las empresas desarrollan son de amplio espectro: la elaboración de códigos de ética, implementación de canales de denuncia, conformación de unidades de cumplimiento, capacitaciones, entre otras tácticas para resguardar el comportamiento ético de las empresas.
La ley 20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas (y sus posteriores incorporaciones) hace un fuerte énfasis en el rol que tienen las empresas en capacitación y desarrollo de mejoras continuas para evitar la ocurrencia de delitos tales como el cohecho, el lavado de activos, fraude, por mencionar algunos. En este sentido, no solo es responsable el individuo que comete el delito sino también la institución donde trabaja.
Si bien Chile, en términos de percepción de la corrupción, está bien posicionado en relación con otros países de Latinoamérica (únicamente superado por Uruguay en indicadores internacionales), la visión interna ha variado a través del tiempo. Lo muestran estudios como el realizado por la Universidad de Talca en 2018, donde un 50% de las empresas encuestadas sostiene que a alguien de su entorno cercano le han solicitado un tipo de acción, ayuda, favor, pago o aporte indebido; por otro lado, un 15% de los encuestados identifica la ocurrencia de abuso de cargo al interior de su empresa para evitar fiscalizaciones.
El Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe 2019 de Transparencia Internacional, alerta de que chile está dejando de ser visto como un país con baja corrupción, indicando que un 54% de los encuestados sostiene que la corrupción en nuestro país ha ido en aumento.
Incluso estudios recientes, como el elaborado por la Universidad de Los Andes, nos muestran datos a los cuales hay que poner atención. Como, por ejemplo, que 45% de las empresas contempladas en su estudio “Ética Empresarial y Crimen Corporativo en Chile” no proveen entrenamiento ni capacitación sobre ética o fraude a sus empleados; o que un 40% de las empresas en nuestro país aún no cuentan con código de ética.
Faltan estrategias por implementar, pero a su vez, no basta únicamente con difundir modelos o establecer canales de denuncias, las empresas cada vez más deben ir ampliando los ámbitos de acción donde la ética oriente su qué hacer.
En materia de ética no basta con parecer, hay que ser. Y esto es relevante pensando en la papeleta del domingo. Independiente del resultado, todas las instituciones que conforman nuestra sociedad tienen un imperativo en volver a restablecer las confianzas, sanar el quiebre que nuestro sistema cultural ha tenido, permitiendo que las nuevas normas compartidas que se están generando permitan una convivencia equilibrada y sostenible entre personas y con el entorno. En esto las empresas no son espectadoras sino más bien protagonistas, y el tiempo para actuar es ahora.-
Columna por Diego Aravena