Chile vive hoy en medio de tensiones políticas, desigualdades persistentes y una ciudadanía cada vez más exigente respecto al rol empresarial. No sorprende que los conflictos socioambientales se hayan duplicado en pocos años: mientras en 2018 apenas un 4% de los proyectos aprobados terminaba judicializado, en 2023 la cifra llegó al 10%, con cerca de US$ 9 mil millones entrampados en tribunales (Horizontal, 2025). En este escenario, ya no basta con cumplir la ley, pagar impuestos o generar empleo.
Más allá de las necesarias mejoras en la llamada “permisología”, los proyectos de inversión deben involucrar tempranamente a sus grupos de interés, tanto locales como aquellos que trascienden lo territorial. Esto implica realizar prefactibilidades socioambientales e integrar los aportes de la comunidad desde las primeras etapas. Mientras antes se abren estos espacios, mayor es la probabilidad de éxito y menor el riesgo de conflicto. Incluir voces externas no solo legitima: también enriquece el diseño y ayuda a construir proyectos viables en lo económico, técnico, ambiental y social.
La participación temprana no es un concepto nuevo. Desde 2012, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) cuenta con guías —actualizadas en 2022 y alineadas con el Acuerdo de Escazú— que recomiendan incluir una diversidad amplia de actores, difundir información clara y generar procesos consultivos con capacidad de incidir en las decisiones. Es más que informar: se trata de dialogar y co-diseñar.
En este sentido, lo ambiental y la conversación sobre los impactos, debe estar en el “top of mind” desde el inicio. Agua, biodiversidad y patrimonio natural son dimensiones que deben discutirse tempranamente con los grupos de interés. Buenas prácticas son compartir y difundir los conocimientos generados a partir de estudios críticos de los proyectos hacia sus grupos de interés, promover la evaluación participativa de impactos, integrar el cambio climático y la biodiversidad como parte del medio humano, implementar monitoreos comunitarios y aplicar los principios de Escazú: acceso a información, participación incidente y justicia ambiental.
La evaluación ambiental debe asumirse como el primer paso de legitimidad de un proyecto. Bien gestionada, puede transformarse en una oportunidad de diálogo y confianza, más que en un espacio de confrontación.
En este contexto, es fundamental tener claro que desempeño individual de una empresa ya no basta. Cada proyecto carga con el historial de toda la industria: los errores de unos pocos afectan la percepción hacia todos. De ahí la importancia de construir legitimidad no solo a nivel corporativo, sino también sectorial y territorial. Ese carácter colectivo obliga a pensar el desarrollo local como un esfuerzo coordinado entre empresas, Estado y actores territoriales, con objetivos compartidos y sistemas de gobernanza que pongan en el centro el bienestar común. Pero esta coordinación externa será insuficiente si no va de la mano de transformaciones internas. Muchas trabas nacen dentro de las propias compañías: trabajo en silos, áreas sociales aisladas, cronogramas que no consideran la participación o la visión del relacionamiento comunitario como un “extra” y no como parte de la inversión.
Superar estos obstáculos requiere entender que la gestión territorial hoy es tan estratégica como la gestión operacional, de recursos humanos o financiera. Solo así será posible recuperar la confianza perdida y consolidar la legitimidad de largo plazo.
En un contexto de fuerte escrutinio público, surge una pregunta ineludible: ¿cómo equilibrar rentabilidad con sostenibilidad y legitimidad? Quien ignore las demandas ciudadanas, los límites ambientales y la necesidad de colaboración, quizá logre utilidades en el corto plazo, pero estará hipotecando su futuro.