Lo sucedido en Egaña Comunidad Sustentable inevitablemente nos invita a preguntarnos sobre el conflicto, la participación y el diálogo. La situación en que actualmente se encuentra el proyecto no es beneficiosa para ninguno de los actores: la empresa, la comunidad vecina, la autoridad cuestionada, ni la sociedad en su conjunto, que sufre el daño social de pérdida de empleos, y un barrio que queda a medio camino de consolidarse.
Resulta evidente que la norma no es suficiente. El proyecto se ajustaba al plano regulador, contaba con Resolución de Calificación Ambiental Favorable y el Informe Consolidado de Evaluación Ambiental recomendaba aprobar. Sin embargo, no es posible obviar el contexto: otros dos proyectos en el mismo sector, ambos con alturas superiores a lo permitido por el plano regulador actual, y donde los tres en conjunto suman aproximadamente 3.500 nuevas viviendas.
Tanto en este caso, como en muchos otros proyectos y desarrollos, se ha fallado en integrar intereses contrapuestos de los distintos actores presentes en el territorio. Hoy el Servicio de Evaluación Ambiental cuenta con mecanismos que promueven la participación -lo cual podía colaborar a acercar posiciones-, sin embargo, se hace exclusivamente desde una perspectiva ambiental y con bastantes limitaciones de recursos y tiempos. Es evidente que no se generan espacios de diálogo que permitan acercar posiciones y tampoco se logrará con el reciente proyecto de ley ingresado a la Cámara Baja que amplía los procesos de participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental de 10 a 30 días.
Si bien contar con más días puede ser favorable, el tiempo no es el único factor para resolver conflictos. Se hace necesaria una conversación distinta, que se enmarque en un diálogo social donde estén presentes todos los actores: privados, comunidad y mundo público. Un espacio que permita exponer de manera explícita los intereses de cada una de las partes y encontrar formas para acercar aquellos intereses. Una conversación donde se debe ceder poder, que se dé en el marco institucional, y que al mismo tiempo sea capaz de generar soluciones en base a consensos. Desde esta perspectiva, la institucionalidad chilena no da el ancho.
El actor más idóneo para toma esta posta son los gobiernos locales, los municipios. Considerando su responsabilidad en la planificación comunal, la aprobación de proyectos y la participación en el progreso económico, social y cultural de sus comunas, estos podrían ser quienes, con liderazgo y el bien común a la vista, medien estos procesos.
Los ciudadanos quieren incidir en la visión de desarrollo de los lugares en que viven, y la pregunta sobre la calidad de vida en la ciudad está cada vez más presente. En este escenario, es urgente que busquemos alternativas para resolver la controversia a través de los acuerdos, donde la institucionalidad tenga un rol activo, temprano y con recursos, las comunidades confíen y sean corresponsables y los privados estén disponibles a mejorar sus proyectos. La clave está dada por que el diálogo nos permitirá encontrarnos y comprender los intereses del otro, pero este solo dará frutos si todos los actores están, en parte, dispuestos a ceder.
Columna publicada por María Emilia Muñoz en Diario Financiero