En Chile estamos aprendiendo a tomar posición y a levantar la voz para cambiar nuestro destino como país, hacia uno menos desigual y más sostenible. Estamos envueltos en profundas discusiones sobre cómo regularemos distintos aspectos de la vida en sociedad y se ha probado la influencia de la ciudadanía en la institucionalidad. Este proceso nos ha llevado también a explicitar nuestro punto de vista en distintos espacios de la vida privada, en el trabajo, con amigos y dentro de la familia.
El debate en sí mismo, es un proceso de aprendizaje, donde cada uno con sus propias creencias, ideales y experiencias debe ser capaz de poner de su parte en la construcción de un país en revisión. Si bien aún nos queda mucho por aprender en este ejercicio, me quedo con lo positivo de estar embarcados a paso firme en ese desafío.
¿Y la empresa?
Si bien hoy existe una reflexión en torno a la relación de la ciudadanía con la política, vale la pena preguntarse sobre el rol de la empresa dentro de la convivencia democrática. No sólo hoy en tiempos de reforma, sino toda vez que la empresa ejerce un rol en la esfera pública. Desde las decisiones de negocio que atraviesan su quehacer hasta el impacto de la concentración de recursos económicos y técnicos.
La dimensión política en el caso de la empresa no sólo tiene que ver con acciones de lobby o vinculación con partidos políticos. El sector privado también es un agente político, capaz de influenciar los aspectos normativos locales o nacionales, impulsar el desarrollo de nuevas políticas públicas las prácticas de sus competidores y, desde su marca, en el comportamiento de los ciudadanos / consumidores. Cada vez pasan menos desapercibidas las acciones, intencionales o no, de una empresa que presenta “vacíos institucionales”, o que despliega estrategias de desarrollo desde una posición dominante que genera cambios en el entorno social y de negocios.
Desde este punto de vista, la gestión de la sostenibilidad o la RSE (responsabilidad social empresarial) parece insuficiente. Si los clásicos compromisos de las empresas asociados a combatir el calentamiento global, fomentar la energía limpia o disminuir la pobreza, no se acompañan con acciones políticas que vayan más allá de cambios operacionales, es poco lo que se puede lograr. Es importante entender la corresponsabilidad política y empresarial en la toma de decisiones que influyen en el desarrollo del país. No tomar posición y dejar que la institucionalidad política lo haga, termina convirtiéndose en una apuesta por el status quo, por mantener todo como está.
Si los clásicos compromisos de las empresas asociados a combatir el calentamiento global, fomentar la energía limpia o disminuir la pobreza, no se acompañan con acciones políticas que vayan más allá de cambios operacionales, es poco lo que se puede lograr.
Abordar la responsabilidad social y política de las empresas exige contar con gobiernos corporativos “políticos” (no partidarios), que sean capaces de conducir ciertos valores a la esfera del negocio: la construcción de una sociedad más democrática, menos desigual y más sostenible. Necesitamos que las empresas cuestionen la dimensión ética de sus criterios de toma de decisión. Temas como el cuidado de la información, la rendición de cuentas, las políticas de género, el marketing responsable, el respeto de los derechos del consumidor y las mejoras en las condiciones laborales son fundamentos de una arena política en la que la empresa se juega su legitimidad y el uso de su posición de poder, especialmente en estos tiempos de profunda rearticulación de nuestras sociedades.
En este escenario, el concepto de responsabilidad social y política empresarial parecen representar una conceptualización más completa y honesta respecto al rol que la empresa juega. La RSE con apellido “político” da cuenta de una posición que la empresa está dispuesta a adoptar, donde explicita su punto de vista y su contribución a la sociedad que, sobre todo hoy en Chile, estamos modelando bajo nuevos parámetros. –
Columna por Karen Cossio