Distintas movilizaciones, demandas y conflictos sociales levantados en los últimos años, han dado cuenta de una creciente expectativa de participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan sus vidas. Muestra de ello, es la recientemente conformada convención constitucional, orientada a redefinir los parámetros que regularán en Chile nuestra vida en sociedad.
El escenario que se vive a escala local no es muy distinto. Desde nuestra experiencia en terreno, vemos que parte de los desafíos que la empresa debe sortear, se relacionan con su rol en comunidades donde existe una demanda de participación sustantiva y espacios de diálogo efectivos. Se trata de una expectativa de renovación de la gobernanza territorial, que desafía de forma evidente el rol tradicional de la empresa entendiendo que, como uno de los principales actores de incidencia en los territorios, se necesita que tomen un rol de promoción de nuevas formas de abordar este escenario. Y qué mejor forma que hacerlo al alero de su quehacer, poniendo como materia de discusión su propia gestión e impactos, así como su rol en materia de desarrollo territorial.
Este desafío, suena del todo comprensible, pero no siempre es sencillo de atender. Primero, exige dar un paso al frente y proactivamente abrirse a escuchar lo que no queremos. Segundo, muchas veces las empresas tienen dudas sobre el valor de abrir nuevas conversaciones. Perciben que es mejor avanzar con cautela y prefieren emprender un relacionamiento comunitario intensivo, tejiendo relaciones con dirigentes que representen a sus comunidades.
Desde nuestra experiencia, eso es valioso, pero resulta insuficiente para los tiempos que corren. Muchas veces las protestas socioterritoriales que surgen en contextos específicos, no logran ser contenidas por liderazgos locales. En muchos casos rápidamente exceden los límites de sus propias organizaciones, tienden a escalar, y su dinámica, se proyecta a nivel regional, nacional, e incluso a veces alcanza visibilidad internacional. Aquello convierte estas controversias locales en conflictos más complejos, ya que se activa un malestar inicialmente acotado, a grupos más amplios de una misma comunidad.
Esto debe abordarse de forma distinta. Desde nuestra visión, se necesita generar mecanismos para ensanchar la mirada de la empresa, desde una invitación explícita a la comunidad a ser parte de esta reflexión. Se trata de ampliar las relaciones concentradas sólo en algunos dirigentes para hacer una invitación que involucre a actores no tradicionales. Se trata de habilitar nuevos mecanismos de entrega de información, de captura de consultas y de oportunidades de mejora desde la perspectiva de todos los actores que habitan un territorio.
Desde este interés por aportar con herramientas concretas que permitan afrontar este desafío adaptativo, es que hemos desarrollado Integridad Ciudadana como un canal orientado a renovar los puentes de comunicación entre la empresa y sus grupos de interés externos, especialmente sus comunidades. La expectativa es que esta herramienta web orientada al registro y gestión de comunicaciones entre la empresa y su comunidad, facilite una gestión de riesgos participativa. Abriendo la discusión socioterritorial a todo aquel que quiera participar de ella.
Avanzar en que las comunidades puedan ejercer un rol activo, brindando espacios para el diálogo preventivo y oportuno respecto a los eventuales impactos de la empresa, nos parece central. A través de iniciativas como ésta u otras que habiliten una perspectiva más amplia desde las empresas, esperamos aportar a generar escenarios donde las autoridades locales y líderes comunitarios puedan aportar con sus percepciones y valoraciones sobre los riesgos socioambientales, sobre la priorización de cada uno de ellos y sobre las perspectivas de conducción desde la empresa.
Columna por Karen Cossio.