En la reciente edición del “Café Con” organizado por la Unión Social de Empresarios Cristianos, titulado “La empresa, protagonista del cambio”, entre diversos temas se abordó el conflicto Mapuche. Luis Felipe Gazitua, presidente del Directorio de CMPC, dijo que para resolver un problema hay que entender que el problema existe y que Chile ha hecho como que en la Araucanía no hay problema. Esa reflexión desde un representante del mundo empresarial me hace pensar en cómo las empresas pueden enfrentar los contextos de conflicto. En los siguientes párrafos planteo respuestas a esta pregunta, considerando sobre todo el enfoque desde la sostenibilidad y la debida diligencia en materia de Derechos Humanos.
¿Por qué invocar la sostenibilidad para esta columna sobre la Araucanía y el conflicto Mapuche?
Porque se trata de un problema histórico, político, social e institucional que, de no resolverlo, condiciona las posibilidades de desarrollo del territorio y porque la sostenibilidad ofrece instrumentos teóricos y prácticos especialmente útiles para estas temáticas.
La Región de la Araucanía ocupa el noveno lugar en aportar al PIB (2,6%)[1]; tiene la segunda tasa más alta de población rural (29,1%); el 34,3% de las personas declaran pertenecer a un pueblo indígena u originario, mientras que la media nacional llega al 12,8%. En la Araucanía, un 17,2% de la población vive en condiciones de pobreza, el doble que el promedio nacional; lo mismo ocurre con la pobreza extrema (4,6%). Además, un 28,5% de la población padece de pobreza multidimensional, la más alta a nivel nacional[2].
¿Qué tiene que ver esto con la sostenibilidad?
No hay desarrollo sostenible sin la existencia de condiciones para la cohesión social. Por ello, muchas empresas han declarado su activa contribución para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El enfoque transversal y multidimensional de los ODS no solamente ha orientado el propósito social que las empresas deben cumplir, sino que ha retroalimentado la manera en que muchas de ellas desarrollan su propuesta de valor. Sin duda que la región más pobre de Chile representa el mayor desafío para establecer esta contribución.
Como contrapartida desde el mundo público, el Estado dispone del Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile (2017), cuya ejecución cuenta con la participación del sector privado y del tercer sector a través del “Comité 360” (2019). El compromiso es avanzar en: “(i) el deber del Estado de proteger los derechos humanos frente al actuar de las empresas; (ii) la responsabilidad empresarial de respetarlos a través de la debida diligencia, y (iii) el acceso a una adecuada remediación para las víctimas de los impactos adversos de las actividades empresariales”.
¿Qué pueden hacer las empresas?
Para empezar, desarrollar políticas y estrategias para abordar la debida diligencia. Mencionaré algunas consideraciones que el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en ingles) y otras organizaciones mundiales han recomendado[3]: definir fuentes de posibles riesgos; identificarlos y caracterizarlos; identificar el tratamiento o mitigación del riesgo; y comunicar la evaluación.
Algunas de las materias a examinar son: la existencia de situaciones de conflicto (delitos, reclamos territoriales, violencia contra grupos vulnerables y minorías); provisión de seguridad (competencia de la seguridad privada y pública); gobernabilidad (corrupción, inestabilidad política, violación de derechos de grupos minoritarios, investigaciones judiciales eficaces, capacidad de gobierno); factores socioeconómicos (pobreza extendida, gran disparidad de la distribución de la riqueza o ingresos, violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, oposición de las comunidades a proyectos de desarrollo, carencia de una sociedad civil activa y coordinada); ambiente físico (impacto ambiental negativo, retos ambientales).
Si éstas son las dimensiones de riesgos en materia de derechos humanos, y los temas por abordar en materia de debida diligencia, proponemos que puedan verse como una ruta para comprender y aportar desde las empresas a la resolución del grave problema social que se vive en la región.
Lo anterior, probablemente no alcance para apaciguar un conflicto multidimensional, donde el Estado juega un rol fundamental y donde cada uno se tiene que hacer cargo desde el lugar que ocupa en la sociedad. No solo por la Araucanía, sino que para construir el futuro de este país multicultural en derechos y no solo de hecho.-
Por Dante Pacani